El cierre de brechas de infraestructura en el Perú necesita ir más allá de la construcción y entrega de obras. El verdadero resultado debe medirse por el acceso efectivo de la población a servicios de calidad, con continuidad y sostenibilidad. Así lo planteó el economista José Audar Herrera Jara, presidente del Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía, durante su participación en La Hora del Economista.

El especialista presentó una propuesta para reformular los indicadores del sistema de inversión pública y orientar la evaluación de los proyectos hacia los beneficios concretos que reciben los ciudadanos.

Herrera explicó que el enfoque actual del cierre de brechas se concentra principalmente en verificar la culminación de la infraestructura. Es decir, se considera que una inversión ha cumplido su objetivo cuando se entrega una escuela, un hospital, una carretera o un sistema de agua, y se registra el cierre correspondiente.

Sin embargo, señaló que este procedimiento no permite conocer si la infraestructura realmente está funcionando ni si la población recibe el servicio para el cual fue construida.

En su propuesta, planteó que el cierre de brechas debe incorporar los resultados iniciales e intermedios de la cadena de valor de la inversión pública. Esto supone verificar si la población utiliza los servicios, si estos llegan con calidad y si tienen continuidad.

"Lo que importa es ver si el servicio llega con calidad a la población y si existe continuidad", sostuvo.

Como ejemplo, mencionó los sistemas de agua y saneamiento. Explicó que no basta con instalar tuberías o entregar una infraestructura, pues el objetivo final debe ser garantizar condiciones de salubridad y salud para los ciudadanos.

El especialista consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe establecer indicadores que permitan medir no solo la infraestructura entregada, sino también el uso efectivo, el acceso, la calidad, la continuidad y la sostenibilidad de los servicios.

A su juicio, estos criterios deben incorporarse en la normativa y contar con responsables claramente definidos para su medición y publicación.

También advirtió que no es suficiente que las propias entidades ejecutoras evalúen sus resultados, porque podrían convertirse en juez y parte del proceso. Por ello, propuso recurrir a mecanismos de verificación externa mediante instituciones como el INEI, la Contraloría General de la República y otras entidades públicas, privadas o internacionales.

"Se requieren establecer responsables. Usualmente, las mediciones las realizan los propios ministerios, pero eso puede convertirse en una situación en la que son juez y parte", explicó.

Añadió que estos cambios podrían implementarse mediante instrumentos normativos y convenios, sin que necesariamente se requiera modificar una ley.

Durante la entrevista, Herrera también revisó las modalidades de implementación de proyectos contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura. Señaló que las Asociaciones Público-Privadas (APP) tienen una participación importante, junto con los acuerdos de gobierno a gobierno, la obra pública, los proyectos en activos y Obras por Impuestos.

Según las cifras presentadas durante el programa, las APP representan aproximadamente el 52 % de la distribución considerada, mientras que los proyectos de gobierno a gobierno alcanzan alrededor del 34 %.

En términos de montos, indicó que las APP comprenden S/ 75 689 millones previstos para el periodo 2026-2030, mientras que la modalidad de gobierno a gobierno representa S/ 49 680 millones.

Herrera destacó que el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 plantea destinar el 91 % de los recursos requeridos a infraestructura económica y el 9 % a infraestructura social.

Como parte de su propuesta de reforma del sistema de inversión pública, Herrera presentó tres líneas de acción: separar, parear y sostener. Separar: reportar de manera diferenciada el cierre de brechas de infraestructura económica, social y de servicios transversales. Parear: que cada brecha prioritaria cuente con dos indicadores, uno sobre el activo construido y otro sobre el servicio que debe brindar. Sostener: que toda inversión cuente con financiamiento para operación y mantenimiento, y un responsable designado.

Para Herrera, el principal cambio consiste en dejar de considerar la inauguración de una obra como el resultado final de una inversión. La evaluación debe centrarse en cuántas personas reciben el servicio, si este es de calidad y si se mantiene en el tiempo.

"Antes de celebrar una brecha cerrada, pidamos una verificación independiente", enfatizó.

El especialista indicó que el Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía preparaba una propuesta de mejora y reforma del sistema Invierte.pe para presentarla al MEF, con medidas que, según señaló, podrían implementarse desde noviembre.

Finalmente, hizo un llamado a los economistas y a los colegios profesionales para continuar investigando y aportando propuestas técnicas que orienten las decisiones de las autoridades.

"Sigamos aportando, colegas. Es muy bueno hacer propuestas, discutir, debatir e investigar", concluyó.